Algunas palabras más

"Nunca es un buen día para morir,

porque la vida no es un experimento,

sino una hermosa experiencia".

Letoren

 

Sé que luego de la queja e inconformidad que mi hija Marieta interpuso a las declaraciones del fiscal jefe de la provincia de Camagüey en el semanario Adelante, muchos están a la expectativa de mi pronunciamiento. Lo están los de acá dentro de la Isla y los de afuera; los amigos y hasta los no amigos. Y tengo el deber de ofrecer respuesta. No lo haré en términos jurisprudentes como mi hija, porque no soy abogado; pero sí en términos humanistas y morales.

Ante todo quiero declarar que la justicia en Cuba no anda como debiera a pesar del triunfalismo en los medios difusivos; pero si dentro de esta obvia crisis de valores que sufre el país, me es permitido señalar como una de las dolencias más agudas de nuestra sociedad, no vacilo en exponer que es un sistema penal dependiente y arbitrario. Dependiente, porque llegado el momento de la decisión judicial, una impugnación solo sería legal por conducto del fiscal mediante su arbitrio como no sucede en democracias donde exista la división de poderes y la ley y la justicia para nada tienen que rendirle cuentas a la política ni al ejecutivo. Y arbitrario porque desde hace más de cuarenta años la sociedad civil de este país perdió su derecho a ser representada como parte ante el proceso penal y enfrentarse directamente al tribunal a exigir justicia. En el sistema penal cubano los militares sí conservan ese derecho, un derecho de minoría; pero el mayor por ciento de esta sociedad solo está facultada, sea cual fuere el acto de que haya sido víctima, a ser llamada ante un tribunal como simple testigo. Este vacío jurídico, este escamoteo a nuestro valor ciudadano que nos convierte en siervos del Estado –desconocido por la mayoría de la población–, lo intenta llenar como representación la fiscalía. Y si como en este caso que ustedes seguramente han seguido de cerca, el fiscal jefe de la provincia casi se convierte en abogado defensor de los asesinos de mi hijo y hasta se compadece del sufrimiento de los familiares de los victimarios y no del nuestro, ¿qué queda para nosotros y para los demás que han pasado por una situación parecida pero que se ha silenciado? Porque las personas se enteran de los crímenes ocurridos por los comentarios en la calle y rara vez por los medios de difusión reglamentarios y estatales.

El trabajo moral-educativo de una sociedad pertenece a la familia en el hogar con el ejemplo de sus padres, a la escuela por maestros que sean un "evangelio vivo", a la Iglesia en cualquiera de sus vertientes por su mensaje ético y de amor de unos a los otros, pues como Martí sentenció: "…un pueblo irreligioso morirá, porque nada en él alienta la virtud". Este trabajo moral-educativo es una tarea a largo plazo y su resquebrajadura actual en una juventud nacida dentro del sistema existente es una temática muy compleja que debe ser estudiada y analizada a profundidad por especialistas en humanidades. Porque no es la cárcel el lugar idóneo para reformar el carácter de un bandido; la cárcel está hecha para castigar a los bandidos. Y de tal manera, el trabajo de la fiscalía también tiene como objetivo condenar al infractor y, en casos como el que nos ocupa, despojar a la sociedad definitivamente de esa lacra peligrosa que pretende adueñarse de nuestras calles y que ya, de hecho, lo está llevando a término. 

Si las palabras fiscales en el semanario del pasado seis de junio del presente año, tuvieron la intención de tranquilizar a la población alarmada, han conseguido todo lo contrario: el rechazo de un pueblo confundido y temeroso porque, ¿actualmente, en qué hogar camagüeyano no viven un padre y una madre que ven representada en la muerte de mi hijo la posibilidad de que mañana sea el suyo el asesinado?

Si en nuestra sociedad se ha puesto en moratoria la pena de muerte por lo morboso de su ejercicio, ¿cómo se puede permitir a delincuentes callejeros su ejecución, convencidos de que el castigo por sus homicidios estará condicionado a todas las prerrogativas de beneficios carcelarios y la liberación será alcanzada pronto gracias a una conducta obediente dentro de la penitenciaría? Muchos otros asesinos que hoy gozan de libertad condicional han vuelto a matar y hasta de enorgullecen de ser tipos duros, listos siempre para continuar matando.

El hecho de que cuatro o cinco jóvenes salgan en pandilla a la calle después de la media noche, apuñalen a tres personas diferentes en distintos sitios de la ciudad y terminen con la vida de mi hijo mediante más de cuarenta contusiones, no solo es un delito morboso de máxima peligrosidad, sino además de todos los calificativos que puedan imputárseles, un hecho de cobardía.

Las leyes actuales ofrecen igualdad de condiciones a presidiarios por hechos de sangre como a otros delitos comunes. Sin embargo, estos últimos pueden resarcirse de diferentes maneras, mientras que la vida de un ser humano nunca podrá ser recuperada. Ofrecer esa igualdad de oportunidades rehabilitadoras a todos por igual es el equivalente a considerar la vida de un ciudadano como un objeto cualquiera.

Si las leyes penales no están en armonía con los intereses de nuestra población, solucionar este desajuste legislativo no está en cambiar la manera de pensar ciudadana, sino en transformar estas leyes. Los castigos para hechos de sangre siempre deben ser radicales. Cuando se conceden derechos en exceso a criminales de este tipo, se les están escamoteando esos mismos derechos a las víctimas y estimulando a otros vándalos a cometerlos. Las leyes verdaderamente justas son aquellas que aplican con mayor rigor el castigo a quiénes las infringen, sobre todo en delitos de una reparación irreversible como es el caso de la pérdida de una vida humana.

Los hechos violentos en los que el móvil del delito es el sádico placer de matar, no deberían ser castigados con una pena inferior a la que fueron capaces de llevar a cabo. Estas lacras de la sociedad son y serán siempre insensibles al arrepentimiento verdadero, porque de aquel que mata por placer no puede esperarse rehabilitación posible nunca. Sin embargo, no queremos para ellos la pena de muerte pues nos convertiría en asesinos indirectos. Pedimos que la justicia los condene de por vida a que nunca más puedan salir a la calle a repetir sus violencias.

¿Cuál puede ser el futuro de un pueblo en el que sus jóvenes se eduquen como sanguinarios? ¿Qué llegará a ser de una nación donde los jóvenes buenos mueren asesinados por pandilleros.

El pueblo de Camagüey, junto a nosotros, los familiares de Mandy, exige justicia. Pero justicia fuerte, verdadera, drástica: capaz de frenar esta ola de violencia callejera que puede convertir el ya cercano San Juan en un festival de cuchilladas, en un carnaval sangriento. Exigimos también a las autoridades los métodos que sean precisos utilizar para que la sangre de nuestros conciudadanos no continúe bañando las adoquinadas calles de Camagüey.

 

Pedro Armando Junco