lunes, 10 de junio de 2013

El juicio de La Masajista

En el mes de julio de 2012 escribí un artículo sobre una mujer recién capturada por la policía apodada La Masajista. Esta persona, a quien he catalogado como monstruo social por su impiedad a la hora de cometer sus crímenes, operaba abiertamente en toda la ciudad asaltando en la calle a personas minusválidas, allanando viviendas en las que, de antemano, había averiguado vivían solos ancianitos indefensos a quienes manipulaba de forma ominosa, sustraía carteras o arrebataba cadenas de oro del cuello de algún transeúnte descuidado. Pero lo más infame de sus actos era que los cometía en seres desamparados.
A las oficinas policiales llegaron durante muchos meses decenas de acusaciones sin que alguien pudiese esclarecer con exactitud el paradero de esta desaforada delincuente. Operaba al abrigo de un “pala”, hombre de unos cuarenta años, que supuestamente era su concubino y al que todavía no han podido capturar por falta de pruebas.
Fue tanto el éxito de sus atracos que se creyó inmune a la justicia y comenzó a operar en la misma zona donde residía. Ya no le bastaba un atraco esporádico, sino que los cometía a diario, hasta que por fin resultó descubierta por alguien que conocía su paradero y un operativo policial logró arrestarla.
A mí, por haberme “cartereado” en mi propia casa, me citaron para dar fe de que era ella la estafadora. Esa mañana tuve que hacer la cola de los perjudicados para reconocerla y, según me dijo un oficial de la policía, fueron citándose las víctimas en diferentes jornadas, por la gran cantidad de afectados que había.
Siempre he tenido la convicción de que la mejor manera de evitar la delincuencia es brindando a la ciudadanía toda oportunidad para no verse apremiado a delinquir; porque, cuando la mayoría de la población viola una ley o un decreto, es porque dicha ley o dicho decreto está incorrectamente implementado y debe ser eliminado en su totalidad o modificado a la perentoria necesidad de la ciudadanía. Pero este no es el caso. Porque existen elementos –lamentablemente como La Masajista –que al margen de toda oportunidad social, disfrutan el daño al prójimo y encuentran en él su realización diabólica. Y es allí donde la dirección de la sociedad debe colocar el dedo acusador y, con ejemplarizante cirugía, ejercer todo el rigor de la justicia.

Fue en enero de este año, luego de varios meses de investigaciones, cuando se celebró la vista oral del juicio. Allí asistimos parte de los perjudicados, porque a algunos de ellos, por su estado de salud desfavorable, les sería imposible asistir a la Sala, y fue en ese juicio donde tuve la certeza del gran desequilibrio jurídico que afecta al sistema penal cubano.
Allí conocí que los perjudicados directamente por un delincuente no tienen ningún derecho como acusadores, sino que pasan a la sala solamente como testigos, delegados todos sus derechos a la fiscalía que es la encargada de acusar al delincuente.
Así que La Masajista, en vez de llegar al juicio acusada por robo con violencia o estafa, fue procesada por hurto, que es un delito ligeramente sancionado con pena menor. Tampoco había visto una fiscalía tan indulgente, al extremo que el abogado defensor se limitó a dar las gracias al fiscal.

El delito en Cuba se incrementa a pasos agigantados, sobre todo por dos causales que convergen a favor de él: la necesidad ciudadana en todas sus aristas del diario subsistir y la debilidad de las legislación penal. Gracias a la prohibición de la tenencia de armas de fuego, nuestro país hoy no es un “Oeste”. Sin embargo, a diario se cometen multitud de crímenes y asesinatos con armas blancas que no se dan a conocer por los medios de difusión, ni salen por la prensa, ni de ellos se hace referencia en ninguna parte, salvo por las personas que han sido afectadas directamente. De la misma forma que se oculta a la ciudadanía y al mundo la proliferación de algunas enfermedades en el país, ningún hecho de sangre o delito menor sale a la palestra pública y menos se solicita opinión pública. ¿Por qué?
Por lo tanto, pienso que si se pretende disminuir la delincuencia en Cuba, tendrán que tomarse medidas en tres vertientes paralelas: en primer lugar, despenalizar hechos que en ningún otro país del mundo constituyen delito, como disponer libremente de las producciones que cada ciudadano sea capaz de crear, sobre todo en los bienes alimentarios. En segundo término, brindarle al pueblo, de la manera más ecuable posible, salarios y productos básicos estatales, y dar apoyo como ya hoy se hace facilitando el desarrollo económico individual. Y por último, castigar severamente aquellos actos que inflijan daño, por pequeño que sea, a cualquier ciudadano particular.

Pedro Armando Junco

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